Así lo adelantó el defensor del Pueblo de la ciudad capital, Alberto Penayo, quien explicó que a través del recurso de amparo “lo que intentamos es que se declare la inconstitucionalidad de la resolución que aprueba el nuevo cuadro tarifario para el mercado eléctrico mayorista que, a través  de CAMMESA, le provee de energía a la prestadora de servicio eléctrico”. 
En ese sentido, el ombudsman posadeño agregó que “Misiones no fue convocada a la audiencia pública, que por ley corresponde toda vez que se quiera establecer un reajuste en los valores, además de que en la misma tampoco se dio la información veraz y completa de cómo surgen los valores del nuevo cuadro tarifario y de cómo este tiene incidencia directa en la tarifas que pagan los usuarios, y que afectan gravemente los ingresos de la familias misioneras con una finalidad meramente fiscal de recaudar y penalizar el consumo de energía”. 
Al respecto, Penayo volvió a resaltar que el consumo de energía “no es algo suntuoso, se trata de un derecho humano básico en la sociedades modernas y máxime en nuestra provincia que por las altas temperaturas que se registran se volvió una necesidad tanto por cuestiones sanitarias, como así también para la producción económica, el turismo, e incluso instituciones como geriátricos, guarderías, hospitales y sanatorios, entre otros, por ende esta decisión de la Nación nos impacta negativamente sin que se reconozca nuestra particular situación de dependencia de la energía eléctrica”. 
En tanto que, con la medida cautelar “se le solicita a la Justicia Federal que suspenda por un lapso prudencial la aplicación de esta normativa y se ordene a CAMMESA retrotraer al cuadro tarifario anterior los valores de provisión de energía a EMSA”, resaltó el defensor del Pueblo de Posadas. Finalmente, Penayo destacó que de la Mesa Interinstitucional participan activamente la ministro de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales y de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de diversas áreas de la propia Defensoría del Pueblo.