La investigación por el presunto hurto y comercialización de vehículos incautados a resguardo de la comisaría de Capioví avanzó ayer con la detención del ex comisario de la dependencia, Luis Salazar, quien ya está alojado en una celda a la espera de determinaciones de la Justicia sobre su futuro.

Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, su aprehensión ocurrió entre la medianoche del martes y los primeros minutos de la víspera. El procedimiento fue ordenado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez.El único sospechoso que tiene la investigación hasta el momento designó en la víspera un abogado defensor y, si todo sale como se espera, completará la audiencia indagatoria mañana.

Allí escuchará los elementos que hay en su contra, será imputado formalmente y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, si así lo decide.

La causa está siendo tramitada en principio por hurto agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, esto puede cambiar con el correr de la pesquisa y los elementos de prueba que surjan.

Fuentes con acceso al expediente señalaron que la medida de privar de su libertad al funcionario público se determinó debido a que entendieron que podría entorpecer la investigación en curso. Al detalle, se dijo que un testimonio incorporado el mismo lunes fue muy contundente en señalarlo.

“Se trata de un relato muy consistente, que dio circunstancias y precisiones de su accionar”, puntualizó un vocero, sin querer entrar en más detalles para no entorpecer el avance del proceso. Se supo que esta persona incluso reveló que Salazar había hecho varios llamados cuando se activaron los allanamientos en la comisaría y su casa ordenados por la Justicia.

Como informó este medio, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizó hace una semana seis allanamientos (la mayoría en Capioví), incluida la comisaría local que comandaba Salazar y la casa de servicio donde habitaba. También se allanó otro domicilio y diferentes talleres -de Capioví y Puerto Rico- donde se secuestraron tres vehículos que habían sido secuestrados por la Justicia y deberían estar a resguardo de la Policía.

Se trata de un automóvil y dos motocicletas a disposición del Juzgado de Paz local. El auto estaba en la casa de una mujer y las motocicletas en los talleres. Este es un elemento de contundencia debido a que ubica a los autos fuera del resguardo policial, donde deberían estar.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales del Escuadrón de San Ignacio, que intervino por orden judicial para darle transparencia al accionar. En sede policial los uniformados de la fuerza federal secuestraron libros de guardia y de secuestros.

Todo deberá ser constatado con los registros y expedientes del Juzgado de Paz local, para establecer desde cuándo se hacían estas maniobras. Estos registros aún no fueron peritados, pero serán de gran utilidad para establecer si los tres hechos prácticamente confirmados son aislados o se trató de una actividad ilegal que venía llevando a cabo desde hace mucho tiempo.

Al respecto, las sospechas indican que las maniobras datan desde hace más o menos dos años. Sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, todo deberá ser corroborado o descartado con el avance de la pesquisa.

Por lo pronto, el juez Manuel Balanda Gómez seguirá incorporando testimoniales.

Trascendió que aquellos que tenían los vehículos en su poder van a declarar como testigos sospechosos, lo que quiere decir que, en un futuro, si se reúnen los elementos que acrediten su participación en la logística, podrían ser imputados.