El Gobierno prepara un proyecto de ley sobre Malvinas y lo enviará al Congreso
El Ejecutivo nacional terminó de redactar la iniciativa, que será remitida al Parlamento para su tratamiento.
La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, incluye seis títulos con sanciones económicas, protección aeroespacial y marítima, y seguridad de infraestructura crítica. La Casa Rosada busca iniciar la negociación legislativa con los bloques aliados.
Los equipos técnicos de la Casa Rosada completaron la redacción definitiva del proyecto de ley por Malvinas y planifican su ingreso formal a la Cámara de Diputados en las próximas horas de este tercer miercoles de septiembre. La iniciativa, que lleva el nombre de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, agrupa herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad que apuntan a endurecer la postura argentina frente a las actividades no autorizadas en el Atlántico Sur.
El texto final se estructuró en alrededor de seis títulos y su elaboración requirió un trabajo minucioso que se extendió hasta la madrugada. En el entorno presidencial explicaron que la prioridad del Ejecutivo fue asegurar la solidez del articulado antes de acelerar los plazos políticos, luego de que se registraran algunas diferencias internas sobre el momento adecuado para la presentación del paquete legislativo.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó bajar la tensión con el Reino Unido al definir el espíritu de la propuesta: “El reclamo por Malvinas es por vía diplomática y pacífica”. De esta manera, el funcionario remarcó que el proyecto no busca un escalamiento del conflicto, sino un ordenamiento de las herramientas de control y soberanía del Estado argentino.
Sanciones económicas e infraestructura crítica
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto apunta de manera directa contra los actores privados que operan en las islas sin la venia del Gobierno argentino. La propuesta busca endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades económicas en la zona en disputa. Aunque el foco inicial estuvo puesto en el sector petrolero, los redactores del proyecto evaluaron ampliar el alcance de las penalidades hacia la pesca, la minería y otras actividades productivas.
La estrategia del Ejecutivo ya sumó un antecedente reglamentario a través del Decreto 868/2026, que aplicó medidas sobre la actividad hidrocarburífera tras el avance del proyecto británico Sea Lion. Con esta nueva ley, los legisladores oficialistas pretenden otorgar un marco de mayor jerarquía a las restricciones comerciales y operativas.
Asimismo, la ley contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un régimen de protección para la infraestructura que el Estado considera sensible, como las telecomunicaciones, redes y centros de datos. La Casa Rosada busca establecer criterios estrictos para estos activos bajo un concepto de seguridad que excede la defensa militar tradicional.
Control aeroespacial y vigilancia marítima
En materia de seguridad, el proyecto incluye modificaciones para agilizar los protocolos ante la presencia de aeronaves declaradas hostiles. La intención del oficialismo es reducir las zonas grises operativas para la ejecución de las distintas etapas de interceptación, lo que incluye el empleo de la fuerza como última instancia, aunque aclararon que la medida no habilita un derribo automático de vuelos irregulares.
Para dar soporte a estas medidas, el Gobierno nacional trabaja en la integración de radares, sistemas satelitales e inteligencia de señales. Este esquema tendrá como uno de sus nodos centrales a la Base Naval Integrada de Ushuaia, que funcionará como el punto clave para concentrar la información de monitoreo sobre el Atlántico Sur.
Con el ingreso del documento a la Cámara de Diputados, el oficialismo abrirá las rondas de diálogo con el PRO, la UCR y los bloques federales. El objetivo de la Casa Rosada es consensuar modificaciones y garantizar el respaldo político antes de llevar el debate al recinto, bajo la premisa de que la cuestión Malvinas puede cosechar un apoyo transversal en el arco político.
