Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 7/2019 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado por la cual el Gobierno nacional decidió afectar un terreno de 100 metros por 100 metros, ubicado en el barrio Riberas del Paraná de Puerto Iguazú que será destinado a la instalación de una torre para el funcionamiento de un sistema de vigilancia en la zona de la Triple Frontera.

El terreno en cuestión se encuentra en la calle Río Paraná, del barrio homónimo, y hasta ahora estaba en jurisdicción del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, con una superficie total aproximada de 100 metros cuadrados.Mediante esta resolución pasará a manos del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

“Corresponde desafectar de la jurisdicción del Ministerio del Interior el sector del inmueble mencionado en el considerando primero y asignarlo en uso al Ministerio de Seguridad a fin de ser destinado a la instalación de una torre de vigilancia para el funcionamiento de un sistema de vigilancia en la zona de la Triple Frontera”, describe el documento.

La resolución agrega que “de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad con el objeto de verificar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, surge que se encuentra subutilizado y en desuso”.

Asimismo, esta decisión se enmarca el el proyecto del Ejecutivo Nacional “de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.Según averiguaciones de PRIMERA EDICIÓN, la novedad no fue comunicada en forma oficial a ninguna autoridad municipal, por lo tanto, no se tiene información detallada de las actividades que realizarán en esa torre, más allá del escueto informe de la Resolución.

La Triple Frontera en la mira

La ministra de Seguridad dejó en claro en varias ocasiones que para el Gobierno de Macri es una meta mejorar la seguridad en la Triple Frontera y sugirió en varias oportunidades la presencia de células de financiamiento al terrorismo, aunque nunca pasaron a ser más que una hipótesis.

El año pasado se desató una fuerte polémica cuando se conoció que Bullrich estableció acuerdos con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, para incrementar su presencia en Argentina y abrir cursos de capacitación para fuerzas federales y policiales de Misiones en los Estados Unidos con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.