POSADAS. Un informe reservado que llegó a manos del juez penal de Posadas, Fernando Verón, habría acelerado la decisión final de desalojar a las decenas de familias de okupas que se apoderaron, por varias semanas, de tierras fiscales que pertenecen a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a la Municipalidad de Posadas. De unas 150 familias que inicialmente tomaron las tierras fiscales en la zona de la costanera oeste del arroyo Mártires de Posadas para presionar por un pedazo de tierra, un gran número de ellas ya habían recibido respuestas habitacionales y, el supuesto líder de la ocupación ilegal,  había sido adjudicado con una casa de Yacyretá, hace varios años. Por lo menos es lo que se desprende de fuentes policiales consultadas, que tenían la data que Juan Ignacio Vallejos, autoproclamado vocero del grupo, fue adjudicado en el año 2008 con una vivienda de uno de los barrios del paraje San Isidro, a través de un contrato de comodato que firmó con la EBY, cuando el arquitecto Oscar Thomas conducía la compañía eléctrica binacional. Pero Vallejos, de acuerdo a la investigación judicial, curiosamente se desprendió de su vivienda familiar y la vendió en 2015, justo con el cambio de autoridades nacionales. En el mismo documento que habría recibido el juez del desalojo, también estaría asentado que al menos 40 familias identificadas en la toma de las tierras de la zona Oeste ya habían cerrado un trato con las autoridades del IPRODHA y de la EBY para recibir respuestas habitacionales. â€œSe logró desalojar sin incidentes, muchos de los intrusos tenían viviendas”, dijo Martin Goerling, director ejecutivo de la EBY, dando una pista que en medio de la ocupación ilegal había mezclada gente con sus reclamos ya resueltos. -

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