Puede ser desolador pero la educación por sí sola no alcanza. Al menos cuando se trata de salud pública, la evidencia indica que comer es para la gran mayoría un acto automático y que el primer paso para una sociedad más sana no es hacer campañas que subrayen lo importante de adoptar mejores hábitos, sino regular los malos. Sobre todo si lo que atenta contra los corazones, el páncreas, el hígado o los dientes son sustancias que anulan una buena parte del cerebro y vuelven a los consumidores adictos.

Con las bebidas azucaradas ocurre eso: se comprobaron tan adictivas como corrosivas. Y, si bien los números no se hicieron públicos, el combo nos estaría costando un dineral: la atención de enfermedades como diabetes o hipertensión que aumentan en proporción al sobrepeso que ya alcanzó al 30 por ciento de la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, eso podría colapsar el sistema de atención público.

Una de las medidas impulsadas por esa agencia de Naciones Unidas es el aumento de impuestos a los productos problema, que se traslade al precio final al consumidor, que pasará a pensar dos veces si le conviene seguir comprando.

En México, donde la obesidad y la diabetes fueron declaradas emergencia nacional, se hizo así: se elevó un 10 por ciento el precio de las bebidas azucaradas y en dos años el consumo bajó en casi un 10 por ciento. En los sectores populares -los más afectados por estas pandemias-, un 14 por ciento de los consumidores cambiaron de hábitos. ¿La opción más elegida? El agua. Entre las claves del éxito están las campañas de concientización que hicieron distintos grupos de la sociedad civil y haber destinado parte de la recaudación a la instalación de bebederos en escuelas y parques. Reinstalar en los niños, las principales víctimas de esta sobreoferta de chatarra, la idea de que la sed se sacia con agua, resultó revolucionaria.

Unos días atrás, en nuestro país, uno de los consumidores más grandes de bebidas azucaradas del mundo, con 137 litros por año por persona, el Ministerio de Hacienda anunció que está trabajando en una medida similar: subir los impuestos del 4 al 17 por ciento. Aunque al comienzo no estaba claro si la medida impactaría en el precio, desde Salud salieron a defender la propuesta y a comunicar que estaban trabajando en eso, como parte de un paquete de medidas que incluye etiquetado frontal de nutrientes críticos -como azúcar- y límites a la libertad publicitaria que las empresas gozan hoy en día.

La reacción de la industria fue la esperable: en declaraciones públicas amenazaron con pérdidas de empleo, retiro de inversiones y libertades individuales cercenadas. Es la misma que ensayaron en México y en Colombia. En ambos países el lobby incluyó estrategias más oscuras como espionaje a médicos y expertos en salud pública, y amenazas que no se pudo probar de dónde venían.

Es de esperar que por acá ocurra algo parecido, parte del trabajo por delante será no dejarse intimidar y aferrarse a la evidencia científica que, cuando es libre de interés, coincide en ver en la regulación puros beneficios.