Después de varios años de lucha y de gestión, finalmente el momento llegó y este 31 de julio de 2020 quedará marcado como un hito histórico para Misiones y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Es que en la jornada de ayer se concretó el anhelado traslado de los internos inimputables que estaban alojados en la Unidad Penal I de Loreto hacia el nuevo centro de salud construido y diseñado exclusivamente para atender esta problemática.El procedimiento incluyó un micro y seis móviles del SPP, además de otras unidades tanto de la Policía de Misiones como de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que prestaron colaboración como custodia del convoy durante los 60 kilómetros que significaron el viaje desde Loreto hasta Posadas.

La caravana de vehículos llegó a la Unidad de Salud para Inimputables poco minutos después de las 9.30 y en total son 54 los internos que desde ayer quedaron alojados dentro del nuevo edificio construido dentro del predio del Hospital Ramón Carrillo e inaugurado a fines de mayo con la presencia del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Se trata de una obra con características únicas a nivel país, ya que combina conceptos arquitectónicos tanto de seguridad como de salud.

Es decir, es una cárcel pero también un hospital, donde el Ministerio de Gobierno a través del SPP se encargará de la custodia perimetral del lugar, mientras que el equipo médico interdisciplinario dependerá del Ministerio de Salud de la provincia.

El lugar, que empezó a construirse en 2016 a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), mediante la gestión de la Cámara de Representantes y el Ministerio de Gobierno de la provincia, tiene una capacidad para 100 camas individuales.

Según especificaron en su momento, el edificio cuenta con dos plantas y tiene una dimensión total de 3.000 metros cuadrados en los cuales se distribuirán las celdas, los pabellones, comedores, sanitarios y sectores de lavandería, talleres. También tendrá consultorios, oficinas y un patio para esparcimiento.

El camino y la problemática
Hasta comienzos de los 80, los inimputables estuvieron alojados en el denominado sector judicial del hospital psiquiátrico que funcionaba junto al centro de salud Pedro Baliña, pero todo cambió a raíz de un incendio provocado por uno de ellos.

Luego de eso, fueron trasladados hasta la UP I, donde en 2011 se acondicionó un sector especial para este tipo de internos psiquiátricos, aunque el lugar nunca cumplió con las disposiciones de la Ley de Salud Mental (2010) a pesar del esfuerzo y la dedicación de las autoridades penitenciarias a lo largo de los años.

Desde entonces, la problemática fue abordada por diversos profesionales e integrantes de múltiples organismos que trabajaron arduamente para visualizar la cuestión y hacer posible el proyecto que hoy se encuentra en pie y ya recibió a sus nuevos huéspedes.

Una de las impulsoras clave de la nueva unidad fue Liliana Picazo, ex fiscal y actual ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincial, pero en el camino de gestiones también participaron Manuel Dutto, director del SPP, y Nilda Correa, su predecesora, y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), encabezada en su momento por Rita Nuñez y actualmente a cargo de Eduardo Magno Scherer.

Los internos, o en realidad pacientes, trasladados tienen entre 22 y 64 años, e incluso alguno de ellos ya acumulan más de dos décadas viviendo en condiciones de encierro y el único futuro que avizoran es aguardar la muerte, situación que, por más triste y duro que suene, es la realidad.

Muchos cometieron crímenes aberrantes, mientras que algunos otros deambulaban por la vía pública ocasionando ilícitos pequeños o contravenciones en forma reiterada a pesar de las constantes detenciones policiales.

Pero lo que todos tienen en común es que padecen alteraciones mentales que le impiden comprender la naturaleza delictiva de sus acciones, además de carecer de vínculos familiares con capacidad para afrontar sus tratamientos y cuidados especiales que requieren. Todos fueron declarados inimputables por la Justicia, aplicando el artículo 34 del Código Penal de la Nación.

Por ello, además de profundizar en los tratamientos médicos que cada interno requiera, trabajar en sus revinculaciones familiares es otra de las claves y de los objetivos primordiales de este nuevo proceso al cual fueron incorporados desde ayer.

“Nosotros estamos capacitados para la readaptación social de internos comunes, no para internos psiquiátricos. Por eso esto ahora es algo que pone a Misiones a la vanguardia, porque será la única con un lugar este tipo. Nosotros nos vamos a encargar de todo lo que sea la seguridad y la parte judicial como cuando hay que trasladar internos a algún estrado, mientras que Salud Pública se va a encargar de la individualización psquiátrica del interno, de trabajar con ellos, de tratar de recuperarlos, de tratar de que se revinculen con sus familiares”, explicó Manuel Dutto, jefe del SPP, a El Territorio hace dos meses, en el marco de la inauguración de la obra.