El caso de la nena posadeña de 10 años que cursa un embarazo de 28 semanas producto de un abuso sexual al que fue sometida por su hermanastro de 15 años impactó profundamente en la sociedad luego de que se diera a conocer la noticia en la jornada de ayer. La menor fue llevada a consulta médica por su madre luego de acusar fuertes dolores. Ya en el hospital de Pediatría, donde se le practicaron diversos estudios, se detectó el avanzado embarazo y el drama que vivía la pequeña tomó estado público. 

Antes se activó un protocolo que en estos casos indica que se debe hacer una denuncia ante el delito cometido contra la integridad de la niña y brindársele todo tipo de contención médica, psicológica y de asistencia social. Y se decidió su internación en el Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud, donde hasta ayer seguía bajo cuidados médicos por su estado y por un cuadro de asma crónico y anemia, pero podría ser dada de alta, aunque no se descarta que el parto se adelante al ser de alto riesgo.

En este sentido, se explayó Ana María Pereira, directora de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social, quien en diálogo con Radioactiva 100.7 sostuvo que a la menor y su familia se le está brindando acompañamiento. Aclaró que siempre que se habla de un menor de edad que atraviesa este tipo de situaciones hay que catalogarlo como un abuso sexual y sostuvo que “no tiene madurez para hablar de una relación consentida”.

“Desde el momento en que la madre da a conocer el caso, es decir, ese momento en que la nena va hacerse un control por dolores estomacales y se confirma que tenía un embarazo, nos informan desde el hospital y rápidamente intervenimos. A partir de esto se verificó si había un adulto responsable a cargo y si se hizo la denuncia para luego dar todo el acompañamiento que corresponde”, agregó la funcionaria de la cartera asistencial.

También contó que en las distintas reuniones que mantienen desde la dirección que conduce con los médicos que asisten a la niña se deja en claro que no tiene preparado su cuerpo para un embarazo, más si está en un proceso de desarrollo, lo que habla de la posibilidad de algún riesgo en el embarazo: “Nosotros hacemos todo tipo de acompañamiento, de apoyatura en general para poder articular con el hospital y así ver bien cuál es la situación familiar de la menor”.

Agregó que la denuncia fue hecha en su momento y una de las primeras medidas que se tomó fue la de separar al presunto responsable del abuso, un hermanastro de 15 años, del ámbito familiar.

Al ser consultada por la decisión de la familia de que la menor dé a luz, dijo que en este caso se dio una situación particular ya que al tomar conocimiento del caso, la niña ya cursaba 28 semanas de gestación, lo que impidió cualquier tipo de posibilidad de interrumpir el embarazo sin riesgo para la madre. Y agregó que una vez que la pequeña dé a luz a su hijo producto de violación, se buscará que siga concurriendo a clases -actualmente cursa el quinto del nivel primario- y que la tutela del bebé quede a cargo de la madre de la niña.

Un embarazo de alto riesgo

De su lado, la ginecóloga infantojuvenil Cecilia Roses, que participó de la elaboración de la ‘Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años’ que se presentó esta semana junto a referentes de Unicef, se refirió al tratamiento que se le debe dar a este tipo de situaciones y cómo impacta en la vida y psiquis de una niña ser abusada y obligada a ser madre.

“La realidad es que el embarazo en menores de 15 años, por una cuestión del desarrollo neuropsicológico y psicosocial, es un embarazo en la mayoría de los casos forzado, eso implica que se ven niñas ligadas a situaciones de abuso, generalmente intrafamiliar. Por eso hablamos de que en general los embarazos en menores de 14 años son por situaciones de abuso”, explicó.

“El abordaje de estas niñas, de estas adolescentes, tiene que darse de manera conjunta, no sólo desde el enfoque médico sino también desde el enfoque psicosocial, de la mano de una trabajadora social, una psicóloga, por eso la idea es trabajar de manera interdisciplinaria”, indicó.

Desde su rol de médica, ejemplificó: “Un profesional de la salud que detecta un embarazo en una chica de 14 años, que se considera para el Código Penal de la Nación un abuso sexual, debe hacer la denuncia, entonces se instaura un protocolo de atención y protección de esta persona. Se busca que el victimario esté alejado, se buscan los controles médicos que se requieran y más que nada tratar el aspecto psicosocial de esta niña o adolescente, ver en qué situación de vida está, qué situación de vivienda tiene, si está escolarizada o no, qué acceso tuvo a la salud”.

Amparada en el marco normativo argentino, expresó que “la ley habla de que cualquier persona puede denunciar un caso de abuso sexual contra un menor. Todos los abusos sexuales son de instancia pública, por ende cualquier persona que sospeche una situación de abuso debe denunciar, más si son profesionales de la salud o educación”.

Además habló sobre los riesgos para la salud de esta y cualquier niña que curse un embarazo: “Una mujer menor de 15 tiene más chances de mortalidad materna, cuatro veces más. También tiene cuatro veces más chances de tener hipertensión en el embarazo, de que el bebé nazca prematuro o con bajo peso. Por eso no sólo son riesgos para la salud y la vida de la adolescente o niña sino que también hay riesgo perinatal, es decir, el bebé que nace producto de esta situación tiene riesgo de nacer prematuro, con bajo peso”.

Por eso, “la idea de trabajar con embarazos adolescentes precoces es darnos cuenta de que hay una realidad, empezar a visibilizar algo que a veces se lo ve como naturalizado”.