Malvinas: Reino Unido cuestionó las sanciones de Argentina a petroleras
Londres calificó las medidas como “inaceptables” y defendió las actividades hidrocarburíferas en las islas.
La subsecretaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, rechazó las medidas de Buenos Aires contra las firmas que operan en el archipiélago. El cruce diplomático escaló tras la presentación del proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
La tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres sumó un nuevo capítulo de confrontación directa. El gobierno del Reino Unido declaró que las acusaciones y sanciones de Argentina contra las empresas que operan en las Islas Malvinas son inaceptables, al tiempo que comprometió el respaldo pleno a las corporaciones que hacen negocios en el archipiélago. La reacción británica se conoció pocas horas después de que el gobierno argentino enviara al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Soberanía Nacional, que busca endurecer los castigos económicos y jurídicos.
La subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar del gobierno británico, Uma Kumaran, ratificó la postura de su administración mediante un comunicado oficial: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”. La funcionaria cuestionó la estrategia de presión que mantiene la Cancillería argentina sobre las compañías del sector hidrocarburífero.
Según explicó Kumaran, las acciones de la administración argentina representan una amenaza constante para el desarrollo de la región. La funcionaria británica detalló la situación del sector privado: “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”. Ante este escenario, la posición de Londres se mantuvo firme en defensa de los privados que operan en la Cuenca Malvinas Norte.
Kumaran insistió en que las medidas judiciales y administrativas promovidas desde Buenos Aires carecen de sustento ante la comunidad internacional: “Los cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”. Asimismo, la funcionaria minimizó el impacto histórico de estas restricciones al recordar que las islas ya superaron bloqueos similares en el pasado: “Sin embargo la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”.
El conflicto por el proyecto Sea Lion
El foco del conflicto se concentra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La semana pasada, la Justicia Federal de Río Grande, bajo la firma de la jueza Mariel Borruto, ordenó a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum que se abstengan de iniciar o continuar las obras de perforación y extracción comercial. La respuesta de Londres fue la publicación de la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, donde descartan cualquier jurisdicción de la legislación argentina sobre las firmas licenciatarias.
En el cierre de su descargo, la subsecretaria británica buscó transmitir tranquilidad a los inversores extranjeros y rechazó el uso de los foros globales para dirimir la disputa comercial: “El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con Islas es ilegítimo”. Para Kumaran, el escenario actual no debe frenar el desembarco de capitales: “Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”.
Por su parte, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles una protesta formal, bajo el argumento de que las islas se encuentran ilegítimamente ocupadas y que las actividades comerciales promovidas por Londres son ilegítimas. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo nacional busca reemplazar la normativa de 2011 para extender las sanciones a cualquier recurso natural y prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes operen sin autorización del Estado argentino.
