Malvinas: el Gobierno amplió las sanciones a empresas petroleras
La medida alcanza a otras 15 compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas y profundiza la ofensiva argentina contra el proyecto petrolero.
El Gobierno nacional anunció este martes el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, vinculados a la explotación ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas. Esta medida, que se suma a los 45 expedientes abiertos la semana pasada, se enmarca en la estrategia dispuesta por el presidente Javier Milei para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion. En ese contexto, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de agotar las instancias jurídicas y diplomáticas, al tiempo que definió enviar al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El Gobierno nacional dio este martes un nuevo paso en su estrategia de resguardo de los recursos naturales en el Atlántico Sur al iniciar procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por estar vinculados a actividades hidrocarburíferas ilegales en la zona de las Islas Malvinas. La decisión se suma a los sumarios que la semana pasada se abrieron contra otros 45 sujetos.
A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la Casa Rosada detalló que las actuaciones responden a presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, por encontrarse “involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina sin contar con la correspondiente habilitación estatal.
Desde el Poder Ejecutivo recalcaron el carácter de la medida: “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.
Asimismo, la administración nacional precisó que esta ampliación de sumarios es el resultado de “un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados” y anticipó que “seguirá avanzando” en la tramitación de nuevas investigaciones administrativas.
La ofensiva legal y el proyecto Sea Lion
Esta batería de acciones se encuadra en el paquete de medidas anunciado por el presidente Milei el último jueves en cadena nacional, cuyo objetivo es frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, operado por la firma israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas, las cuales carecen de reconocimiento por parte del Estado argentino.
Como parte de este esquema, el canciller Pablo Quirno formuló este lunes una denuncia penal dirigida contra cinco compañías: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., por operar de manera ilegítima en territorio insular.
En la declaración oficial, el Presidente remarcó la postura institucional: “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”.
Reunión de la mesa política e iniciativas legislativas
La ejecución de las sanciones fue resuelta tras un encuentro de la mesa política del Gobierno. En dicha reunión se acordó elevar la próxima semana a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de dar impulso a las gestiones orientadas a la construcción de la Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego.
La iniciativa legislativa planteada por el Presidente se estructura sobre tres ejes fundamentales: endurecer las penas fijadas en la Ley 26.659 contra las compañías y sus proveedores que operen sin aval oficial —habilitando el juzgamiento en ausencia en los casos que corresponda—; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule las carteras de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y dotar a dicho organismo de capacidades económicas y diplomáticas para dar respuesta ante amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.
